¿Quién ayuda a los investigadores a emprender en España? Guía para transformar la investigación en empresa

Existen cinco elementos clave que suelen repetirse en los casos de éxito del emprendimiento científico:

• Financiación disponible desde las fases tempranas: capital inicial para validar la tecnología antes de alcanzar ventas.
• Validación de resultados: apoyo para traducir el mérito científico en una propuesta de valor comercializable.
• Agilidad administrativa: procesos flexibles que eviten perder tracción a causa de trámites burocráticos.
• Red de contactos de negocio: conexiones fuera del entorno académico con la industria y el capital privado.
• Acompañamiento experto: mentoría especializada en la toma de decisiones empresariales y gestión.

Ahora bien, ningún agente, por muy completo que sea su catálogo de servicios, puede sustituir el liderazgo ni la visión del propio equipo investigador.

En España, un investigador que desea emprender puede apoyarse en siete tipos de agentes:

1. Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs).
2. Programas de validación.
3. Incubadoras y parques científicos.
4. Aceleradoras.
5. Financiación pública.
6. Consultoras de innovación.
7. Capital riesgo.

Cada uno de ellos resuelve una parte concreta del recorrido, desde la validación inicial del proyecto hasta el escalado en el mercado, pero ningún actor suele resolver por sí solo todas las necesidades del proyecto.

A continuación, vamos a analizar sus funciones y sus límites, información que te va a ayudar a saber en qué momento acudir a cada uno de ellos.

Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs) suelen ser el primer interlocutor institucional en el proceso de transferencia del trabajo del investigador, algo así como la puerta de entrada al ecosistema emprendedor.

Su función principal consiste en orientar sobre las vías disponibles para lograrlo, valorar el encaje del proyecto dentro de la estrategia de la universidad o centro de investigación, y gestionar los trámites internos que exige cada caso. Su cobertura abarca desde la protección de la propiedad intelectual hasta los acuerdos de colaboración con terceros.

Explicado de otro modo, suponen una primera validación para determinar si la investigación tiene recorrido fuera del ámbito académico.

En cuanto a los límites, si bien es cierto que son entidades que acompañan durante el proceso, conectando con las ayudas disponibles y facilitando el acceso a convocatorias, no sustituyen la financiación ni el acompañamiento estratégico que exige constituir y consolidar una empresa.

Así las cosas, aportan un gran valor en la fase previa a la creación de la empresa, antes de que el proyecto adquiera identidad propia en el mercado.

Tras validar el potencial de transferencia, el investigador debe demostrar que su desarrollo funciona en condiciones cercanas a las del mercado. Para eso existen programas específicos de validación y prueba de concepto en el ámbito de I+D+i.

Un ejemplo de ello es la convocatoria que financia proyectos de desarrollo, validación, protección, transferencia y explotación de resultados de investigación a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Este tipo de ayudas se dirigen a universidades, centros públicos de I+D+i y centros tecnológicos, y su objetivo declarado es acelerar la transferencia de conocimiento y resultados generados en proyectos de investigación en curso o de reciente finalización.

Todo ello se traduce por las siguientes funciones:

• Ofrecen financiación específica para construir prototipos.
• Ayudan a validar hipótesis técnicas.
• Participan en la elaboración de la documentación que pueden exigir inversores o socios industriales.
• Ayudan a diseñar el plan de negocio preliminar asociado a la validación de los resultados.

Estos programas ayudan a cerrar la brecha entre el hallazgo científico y su aplicación empresarial, pero no sustituyen la fase de incubación ni la búsqueda de inversión privada. Eso sí, resultan determinantes para que el proyecto llegue a esas fases con evidencia sólida y contrastada de su viabilidad.

El siguiente reto es dotar de una estructura empresarial al proyecto. Los parques científicos y tecnológicos, junto con sus incubadoras, ofrecen el entorno necesario proporcionando:

• Espacios de trabajo, de coworking y laboratorios.
• Infraestructuras y servicios especializados en el apoyo a emprendedores.

Gracias a sus servicios, sitúan al investigador dentro de una comunidad activa, que asegura visibilidad ante otras empresas del entorno e incrementa las posibilidades de colaboración con perfiles complementarios.

Frente a estas bondades, este tipo de acompañamiento suele ser generalista y pensado para fases iniciales, pero no suelen aportar la especialización sectorial que exigen proyectos científicos más avanzados.

En los proyectos que ya cuentan un modelo definido, las aceleradoras aportan metodología, foco y velocidad. Sus programas, en la mayoría de los casos intensivos y de corta duración, combinan recursos como mentorización especializada, talleres de validación y acceso directo a inversores. Todo ello ayuda a preparar a la startup para su presentación ante el mercado y las primeras rondas de financiación.

Este tipo de orientación, normalmente con programas diseñados para proyectos capaces de iterar y escalar en cuestión de meses, presenta ritmos difíciles de encajar en desarrollos científicos sujetos a ciclos de validación largos, regulaciones sanitarias o ensayos técnicos que requieren de mucho tiempo.

En ese sentido, el potencial de las aceleradoras es mayor en fases del proyecto donde no se compromete el rigor científico.

Otro de los pilares del ecosistema de apoyo al emprendimiento científico es el acceso a financiación pública. Instrumentos, como el CDTI o ENISA, canalizan recursos hacia empresas y proyectos tecnológicos en distintas fases de desarrollo.

El CDTI ofrece diferentes instrumentos de apoyo a la I+D+i, que incluyen subvenciones y ayudas parcialmente reembolsables, mientras que ENISA financia startups y pymes mediante préstamos participativos. A ellos se suman iniciativas como la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE), que completa el ecosistema ofreciendo información, recursos y orientación al emprendedor.

Estas vías resultan especialmente relevantes cuando un proyecto necesita financiación sin diluir la participación de sus socios. Sin embargo, su acceso puede implicar procesos de solicitud exigentes, plazos de evaluación y obligaciones de seguimiento y justificación técnica y económica. Todo ello puede suponer una carga considerable para equipos que, al mismo tiempo, deben seguir centrados en el desarrollo científico y tecnológico del proyecto.

La consultoría de innovación cumple una función eminentemente práctica para aliviar la carga burocrática: resolver trámites, redactar memorias técnicas, planes de explotación y la documentación que exigen tanto las OTRIs como los organismos financiadores.

Su intervención suele concentrarse en las fases de valoración y transferencia tecnológica con el objetivo de desbloquear procesos y liberar tiempo del investigador.

En comparación con las OTRIs y los programas de validación, que ayudan a definir la estrategia de transferencia, la consultoría se centra en ejecutarla: gestiona trámites administrativos, justifica ayudas concedidas y aporta la solvencia técnica necesaria para que la documentación cumpla los requisitos exigidos.

Su límite principal es que este tipo de acompañamiento termina cuando finaliza el servicio contratado, sin continuidad más allá del encargo puntual. Además, resulta un coste a menudo elevado para fases iniciales del proyecto.

El capital riesgo entra en juego cuando el proyecto ya tiene una tracción demostrable (clientes, ingresos o crecimiento de usuarios). Aunque existen fondos especializados capaces de invertir en fases muy tempranas, la mayoría de los fondos de venture capital prefieren entrar cuando ya existe una validación tecnológica o comercial suficiente, como puede ocurrir a partir de la ronda semilla (seed round) o la Serie A. En otras palabras, estos fondos suelen buscar startups con aceptación en el mercado.

Antes de ese punto, la fase previa, habitualmente, puede cubrirse con capital semilla, business angels o instrumentos públicos como los que acabamos de ver (CDTI, ENISA), pero no con fondos de venture capital propiamente dichos.

Entre sus limitaciones principales se encuentran la dilución de capital y la exigencia de un retorno alto. Además, el proceso suele ser largo porque una ronda de inversión requiere tener preparada una data room o sala de datos (donde se recopilan los documentos relevantes del proyecto) y validación de métricas que rara vez un investigador tiene preparados.

El valor de este tipo de financiación llega cuando el resto de agentes han hecho su trabajo.

Ahora que ya conoces a los agentes que pueden ayudar a los investigadores a emprender en España, puedes suponer que coordinar todos estos interlocutores, así como seguir los plazos y convocatorias, afecta al tiempo que el investigador puede dedicar a la ciencia.

El TRL, escala de nueve niveles de madurez tecnológica que va del laboratorio (TRL 1) al mercado (TRL 9), ayuda a entender esta complicación:

• En niveles iniciales: transferencia y validación.
• En niveles intermedios: financiación pública y aceleradoras.
• En niveles más altos: capital riesgo.

El bloqueo suele llegar en las transiciones entre niveles, cuando el proyecto se queda sin interlocutor. La solución puede ser optar por una entidad que dé continuidad real y actúe como socio estratégico integral en todo el recorrido, como lo hacemos en Bolboreta Investiga. En nuestra experiencia trabajando con proyectos científicos, los mayores bloqueos suelen producirse durante la transición entre la validación técnica y la validación comercial.

La siguiente tabla compara los principales agentes que ayudan a los científicos a emprender en España según su aportación y la fase de madurez tecnológica (TRL):

A continuación, resolvemos las dudas más frecuentes entre los investigadores españoles en cuanto a la creación de spin-off, gestión de patentes y trámites de transferencia tecnológica.

Sí, siempre que cuente con la autorización para prestar servicios en la sociedad creada o participada por la institución. Existen dos vías:

• Mediante contrato a tiempo parcial y de duración determinada: acogiéndose a la exención del régimen general de incompatibilidades.
• Mediante excedencia temporal: permite incorporarse a la empresa con reserva del puesto de trabajo durante un máximo de cinco años.

En todo caso, cada universidad establece los requisitos en su reglamento de creación de empresas.

La propia universidad o el organismo público de investigación. El artículo 21 de la Ley 24/2015 de Patentes atribuye a la institución las innovaciones llevadas a cabo por sus investigadores, con independencia del vínculo jurídico que los une.

El investigador aparece como inventor y tiene derecho a participar en los beneficios de la explotación, pero en las condiciones que fija el Consejo de Gobierno de cada universidad. Esto convierte a la spin-off en licenciataria de su tecnología.

A la OTRI. Si la tecnología surge de la investigación universitaria, debes comunicar formalmente la invención antes de hacer cualquier movimiento. Sin esa comunicación previa y sin la licencia de explotación negociada, el proyecto no puede incorporar inversores ni operar con seguridad jurídica.

Ahora bien, la incubadora aporta valor después, cuando la empresa ya tiene una base contractual sólida.

No existe un plazo único. El recorrido depende del nivel de madurez inicial, del sector y, sobre todo, del marco regulatorio. Por ejemplo, un desarrollo digital o industrial puede completarse en pocos años, mientras que un producto farmacéutico está supeditado a ensayos clínicos y procedimientos de autorización.

Los retrasos que sí admiten un margen de mejora se concentran en la coordinación entre agentes.